En una carta pública de la Comisión General de Religión y Raza (GCORR por sus siglas en inglés) de La Iglesia Metodista Unida, la junta directiva presidida por la Obispa Cynthia Moore Koikoi, expresó su desacuerdo en la forma como se ha llevado el proceso judicial contra la Obispa Minerva Carcaño, la violación de sus derechos constitucionales e instó a la Jurisdicción Oeste a restituirla en sus responsabilidades episcopales lo más pronto posible.
En la carta la junta directiva de GCORR denuncia las irregularidades en el proceso que ha llevado a una suspensión sin precedentes, que ha excedido los términos definidos en el Libro de Disciplina (Constitución de La Iglesia Metodista Unida) y ha mantenido a la obispa separada de la vida de la iglesia, anulando el destacado liderazgo que ha mantenido dentro de la denominación y afectando profundamente la vida de los ministerios donde Carcaño ha tenido responsabilidades episcopales, resalta la carta.
La Obispa Minerva Carcaño ha estado sometida a un proceso judicial eclesiástico, por denuncias en su contra y fue suspendida de sus funciones episcopales desde el 9 de marzo de 2022, sin que hasta el momento se haya llegado a ninguna resolución, ni se hayan dado a conocer la denuncias en su contra.
De acuerdo con GCORR la confidencialidad del proceso, ha perdido su naturaleza jurídica, cuando en vez de proteger a las partes envueltas en el proceso, a mantenido en confidencialidad a los/as denunciantes y expuesto públicamente a la Obispa Carcaño, sin que hasta el momento esté claro de que se le acusa. Así mismo, la carta puntualiza que la presunción de inocencia de la obispa ha sido violada, ya que la extensión irregular del proceso de suspensión junto a la incomunicación forzada con sus colegias y su separación de la vida de la iglesia es a toda vista una medida punitiva inconsistente con el derecho a ser considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario, expresa la carta.
A continuación, la traducción al español del texto de la carta pública de GCORR dirigida a las autoridades de la Jurisdicción Oeste, su Colegio Episcopal y el Comité de Investigación de este caso:
Comisión General de Religión y Raza
Junta Directiva
27 de abril de 2023
Colegio de Obispos/as de Jurisdicción Oeste
Comité Episcopal de Jurisdicción Oeste
c/o Rev. Dan Hurlbert, Presidente
Comité de Investigación de la Jurisdicción Occidental
c/o Rev. Ann Lyter, Presidenta
Estimados/as miembros del Colegio de Obispos/as de la Jurisdicción Oeste, Comité del Episcopado y Comité de Investigación,
Gracia y paz para ustedes.
La Junta Directiva de la Comisión General de Religión y Raza está profundamente preocupada por la suspensión y tratamiento dado a la Obispa Minerva Carcaño, primera mujer latina electa como obispa de La IMU, por parte de la Jurisdicción Oeste con respecto a las denuncias presentadas en su contra. Desde que la suspensión fue anunciada el 9 de marzo de 2022 a la Obispa Carcaño se le ha negado el debido proceso y una audiencia justa.
Le instamos encarecidamente a que levanten la suspensión contra la Obispa Carcaño de inmediato, o a más tardar, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta carta. Además, dado que estamos mucho más allá de cualquier lapso y prorrogas permitidas del proceso de supervisión que “deben llevarse a cabo de manera confidencial”, les instamos enfáticamente a que, dentro de los 30 días a partir de la fecha de esta carta, emita una declaración que explique la naturaleza general de los cargos, las disposiciones de la Disciplina que se alega que ha violado, y a menos que sean menores de edad, los nombres o la relación de los/as denunciantes con la Obispa Carcaño.
Esta suspensión sin precedentes, continua e indefinida, junto con la confidencialidad impuesta en torno a la naturaleza de los cargos, está perjudicando a la Obispa Carcaño y a toda La Iglesia Metodista Unida. Identificar la naturaleza de los cargos en su contra aliviaría el daño causado por la discusión, especulación y “exposición del curso de este caso en la esfera pública”, por lo cual ustedes dicen haber impuesto la confidencialidad que buscaba prevenir tal situación. Asimismo, es difícil ver cómo vuestro “alto valor asignado a avanzar a través del proceso honrando la dignidad de todos los involucrados” ha sido preservado para la Obispa Carcaño.
Los derechos a un proceso justo de la Obispa Carcaño han sido violados sin duda alguna. Llamamos vuestra atención sobre las significativas declaraciones de algunos/as miembros del Concilio Judicial que escucharon los alegatos de la Obispa Carcaño. “El proceso justo es un principio fundamental de la Iglesia que debe estar presente en cada etapa de un procedimiento de denuncia. En este caso, se ha violado el proceso justo. A la obispa se le han violado los derechos. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con la opinión mayoritaria y creemos que la obispa tiene derecho a la reincorporación inmediata a su asignación episcopal”.
Y ahora, bastante más de un año después, hay más preguntas que respuestas, sin que se avizore el fin del proceso o la suspensión. ¿Con qué autoridad se mantiene suspendida a la Obispa Carcaño? La suspensión administrativa ha superado con creces no sólo la limitación disciplinaria de 60 días, sino también el máximo absoluto permitido de 300 días ¿Cómo se justifica tan larga suspensión?
El 25 de octubre de 2022, anunciaron que la suspensión continuaba de conformidad con una solicitud del/de la abogado/a de la iglesia. Dado que no hay ninguna disposición en el Libro de Disciplina que permita que el/la abogado/a de la iglesia busque u ordene tal suspensión, bajo qué disposición se le dio continuidad a la misma?
Luego, el 22 de diciembre de 2022, el Comité de Episcopado de la Conferencia Anual de California-Nevada declaró que la recomendación de continuar la suspensión provino del Comité Jurisdiccional de Investigación y fue ordenada por la Comisión Jurisdiccional del Episcopado. ¿Cuál es el papel del Comité del Episcopado de California-Nevada con el proceso de quejas?
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¿Cuándo y cómo se convirtió este asunto en un proceso judicial? ¿Cuándo ocurrieron estas deliberaciones? ¿Cuándo se tomaron las decisiones? ¿Qué organismo o persona tomó las decisiones?
Según el Informe de Nominaciones de la Jurisdicción Oeste, el Comité Jurisdiccional de Investigaciones es predominantemente blanco. Dado que el Comité, si está involucrado, todavía no tiene miembros hispanos/as que pudieran estar conduciendo la investigación contra una obispa de color, ¿Cómo podría resultar este un proceso justo para la Obispa Carcaño y cómo se han asegurado de que este comité refleje la “diversidad racial, étnica y de género” de la jurisdicción?
Si este asunto es ahora un proceso judicial, el Libro de Disciplina en su párrafo ¶ 2701.4c permite la divulgación de la “naturaleza de la denuncia” cuando ha habido una “ruptura significativa en la … conferencia anual o el contexto del ministerial de aludido en el caso judicial”. Este asunto ha causado y sigue causando una ruptura significativa de la conferencia anual y la denominación. MARCHA y el Caucus Chino de California-Nevada han expresado serias preocupaciones sobre la suspensión y el tratamiento a la Obispa Carcaño. Por mucho tiempo ella ha sido una líder reconocida dentro de la denominación. Incluso, recientemente Baptist News Global, publicó un artículo titulado, “¿Qué ha pasado con la obispa latina de la IMU suspendida?
Como se señaló anteriormente, para la transparencia adecuada en este proceso, creemos que es crucial que se revelen los nombres o la relación de los denunciantes con la Obispa Carcaño. El anuncio público de la suspensión y las actualizaciones posteriores, han nombrado sólo a la Obispa Carcaño, pero no las personas denunciantes o su relación con la obispa. Es fundamentalmente injusto nombrar públicamente a una de las partes de una denuncia, pero no a la otra. En otras palabras, debería haber confidencialidad total o no confidencialidad.
El propósito de la suspensión de un/a obispo/a, según el Libro de Disciplina, es “proteger el bienestar del/de la denunciante, de la Iglesia y/o del/de la obispo/a”. ¿Cuál es la naturaleza del bienestar y de quién ha sido el bienestar que se ha estado protegiendo? A falta de información sobre la naturaleza de la suspensión, particularmente porque la suspensión involucra a una obispa de color que ha tenido un historial de llamar la atención de la denominación para que actúe en favor de los/as migrantes y los/as marginados/as, la denominación se le ha negado su voz en asuntos de inmigración, la cual es un área clave de su liderazgo.
Debido a que los términos de su suspensión, según lo aclarado por el Comité Episcopal de California-Nevada en diciembre de 2022, han impedido a la Obispa Carcaño “estar en contacto con personas afiliadas a la organización en cualquier nivel”, también ha sido aislada de sus colegas y otros sectores dentro de la denominación que normalmente le brindarían apoyo. ¿Qué mecanismos tiene ella a disposición para recibir apoyo, más allá de los/as ancianos/as que ha elegido para acompañarla en este proceso?
Otra pregunta es si la Jurisdicción Oeste puede adjudicar este asunto sin violar conflictos de interés básicos. Carcaño ha sido obispa durante 19 años, sirviendo en tres áreas episcopales Debido a que la naturaleza de los cargos y la relación de los/as denunciantes con la Obispa Carcaño no es conocida, GCORR quiere hacer nota varias preocupaciones: ¿alguno/a de los/as miembros del equipo de respuesta de supervisión ha tenido o tiene un conflicto de intereses? ¿Hay obispos/as en el Colegio verdaderamente libre de conflictos de interés o la percepción de tales conflictos a favor o en contra del Obispo Carcaño?
Se presume la inocencia de la Obispa Carcaño durante el proceso judicial. Sin embargo, este largo, continuo e indefinido proceso de suspensión resulta difícil sin que sea de carácter punitivo. De hecho, el requisito de que no estar en comunicación con nadie y la separación física de sus colegas en Conferencia Jurisdiccional viola su presunción de inocencia y es percibida como evasiva.
A la luz de JCD 1484 que afirma en el párr. 413 su exigencia de que si el asunto no se resuelve dentro de los 180 días siguientes a la recepción de la denuncia por parte del presidente o secretario del Colegio de Obispos/as, y el asunto no ha sido referido como una queja administrativa o judicial, entonces el asunto pasará a un panel reunido por el Concilio de Obispos/as. Esta decisión también sostiene que el Concilio puede aceptar la denuncia en cualquier momento del proceso después de 180 días. Por lo tanto, les instamos a que levanten inmediatamente la suspensión de la Obispa Carcaño y remitan este asunto a la Concilio de Obispos/as.
La Junta Directiva de la GCORR solicita que se agilice este asunto, y que la Obispa Carcaño sea reincorporada a sus responsabilidades episcopales a medida que continúa el proceso. Buscamos un proceso con transparencia total que no utiliza la confidencialidad para mantener a la iglesia en una nube de sospecha y para que podamos garantizar que el proceso sea justo y equitativo para todos/as, incluido la Obispa Carcaño.
Esperamos su respuesta.
Firmado:
Obispo Cynthia Moore Koikoi, Presidenta
Rev. Dr. Giovanni Arroyo, Secretario General
Rev. Dr. Stephen Handy, Miembro del Comité Ejecutivo
Rev. Alka Lyall, Miembro del Comité Ejecutivo
Profesora Framer Mella, Miembro del Comité Ejecutivo
Jen Ihlo Esq., Miembro del Comité Ejecutivo
Rev. Ben Adams, Miembro del Comité Ejecutivo
Rev. Zach Anderson, Miembro del Comité Ejecutivo
* GCORR es la Comisión General de Raza y Religión de La Iglesia Metodista Unida, establecida desde la fundación de denominación en 1968, para responsabilizar a la iglesia en su compromiso de rechazar el pecado del racismo en todos los aspectos de la vida de la iglesia. Para leer la carta original en ingles presione aquí.
** El Rev. Gustavo Vasquez es el Director de Noticias Metodistas Unidas para la audiencia hispano-latina. Puede contactarle al (615)742-5155 o por el correo: gvasquez@umnews.org. Para leer más noticias metodistas unidas, ideas e inspiración para el ministerio suscríbase gratis a UMCOMtigo
