Traducción y adaptación por Amanda M. Bachus (*)
Es importante que el Congreso escuche de la gente de fe diciendo “apoyamos al Presidente para que amplíe la acción diferida”.
La acción ejecutiva del presidente Obama proporcionará a millones de personas indocumentadas la oportunidad de aplicar por una suspensión temporal a la deportación. Pero, algunos miembros del Congreso han amenazado con detener la acción administrativa a través de una legislación, una acción legal o el bloqueo de fondos para su implementación.
La Cámara de Representantes y el Senado han propuesto los siguientes proyectos de ley.
Las propuestas presentadas HR 191 y S. 129, ambas tituladas Derogación de la Ley Ejecutiva de Amnistía 2015, son propuestas que reducirán la protección al sistema de inmigración de Estados Unidos. Los componentes de estas legislaciones afectarían a los inmigrantes y a niños que buscan protección, y a otros que viven en los Estados Unidos.
La Acción Ejecutiva: Estos proyectos de ley eliminarán DACA, DAPA, y los Memorándums de Morton que permiten la expansión de factores considerados para aplazar la deportación. Detendrá la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y pondrá una congelación a la contratación de personal en USCIS hasta que el Presidente revoque sus acciones.
Libertad condicional: Estos proyectos de ley acortan la definición de Interés Público Humanitario y de Libertad Condicional y niega a quienes reciben libertad condicional, la autorización de trabajar en los Estados Unidos, recibir beneficios y la posibilidad de ajustar su estatus. Aquellos en condición de refugiados también estarían no aptos para libertad condicional.
Niños no acompañados: Estas propuestas también haría retroceder la protección del Acta de Ley Reautorización de Protección para Víctimas del Tráfico (TVPRA) y los niños serían devueltos a su país de origen sin protección ni verificación adecuada. Nuestras políticas deben proteger a las personas y debe estar en contra del retorno inseguro y la entrega de niños a gente que va a traficarlos o explotarlos. Este proyecto de ley también amplía la detención de menores, apunta a los cuidadores indocumentados de menores extranjeros no acompañados (UAC) y redefine el rol de un cuidador UAC reduciéndolo a cuidar, únicamente, de aquellos niños que no tienen familiares mayores de 18 años que podrían hacerse cargo de ellos en Estados Unidos.
Inmigrantes y Salud: Estos proyectos de ley también limitan el acceso a beneficios y a otros programas de salud a través de ACA. Los criterios de elegibilidad también excluirían a los inmigrantes legales como aquellas personas en libertad condicional y colocarían una barrera de cinco años, para que residentes permanentes puedan tener acceso a ciertos programas de salud.
Hacer cumplir: Los proyectos de ley propuestos por los legisladores, manda a que los estados y las agencias policiales locales cumplan con los programas (SCOM) "Comunidades Seguras" y hagan cumplir las leyes de inmigración o corren el riesgo de ser penalizados con menos fondos. También amplían la definición de "extranjero criminal indocumentado" y el proceso de detención.
Solicitantes de Asilo y Estatus de Protección Temporal (TPS): Estas piezas de legislación niegan el acceso a la asesoría legal financiada por el gobierno para solicitantes de asilo o a cualquier persona en proceso de deportación, incluye más requisitos para los solicitantes de asilo durante su entrevista, lo que hace más difícil que se les conceda protección en los Estados Unidos. Los que están en los Estados Unidos bajo el TPS podrían estar en riesgo de perderlo. Estos proyectos de ley son perjudiciales en muchos sentidos. El HR 191 está patrocinado por el congresista Robert Aderholt (R-AL-4); sus copatrocinadores incluyen 24 miembros del Congreso. La otra pieza similar de legislación en el Senado está patrocinada por el senador Ron Johnson (R-WI).
La propuesta HR 29 - Separación de la Ley de Poderes de 2015, prohíbe el uso de fondos federales para otorgar acción diferida o la libertad condicional a quienes se encuentran sin un estatus en los Estados Unidos, salvo con fines humanitarios y en circunstancias extremas basados según el caso. Este proyecto de ley también prohíbe a cualquier agencia federal que pueda financiar la autorización de trabajo o un ajuste de estatus a un inmigrante indocumentado. Este proyecto de ley borraría la acción adoptada recientemente por el Presidente de ampliar DACA e introducir DAPA que da protección temporal a los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y provee una autorización legal para trabajar. Esta propuesta de ley está patrocinada por el representante Ted Poe (R-TX-2) y tiene 23 copatrocinadores.
La HR-5759 - Prevención del Alcance Ejecutivo sobre Ley de Inmigración de 2014, fue aprobada por la Cámara de Representantes el 4 de diciembre de 2014. Se trata de un proyecto de ley destructivo puesto que impediría al Poder Ejecutivo cumplir con su deber constitucional, de dar prioridad a la aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos y daría lugar a la separación de millones de familias. Además de contradecir la reciente orden ejecutiva del presidente, la HR 5759 también pondría en riesgo la vida de las personas en situación de vulnerabilidad y con asuntos complejos que requieren revisión especial según el caso, incluyendo los sobrevivientes de violencia doméstica y la trata de personas. La propuesta de ley establece que sólo el Congreso tiene el poder de "establecer una regla uniforme de naturalización" y que las medidas adoptadas anteriormente por los ex Presidentes en materia de inmigración eran legítimas porque se hicieron para responder asuntos de política exterior. Aunque la acción reciente sobre inmigración adoptada por el Presidente concede una suspensión temporal de la deportación, no es un estado permanente o una vía a la ciudadanía, y desde 1956 cada gobierno ha utilizado la discreción fiscal para proporcionar alivio a la deportación. Este proyecto de ley debilita la autoridad constitucional del presidente y afirma que cualquier persona inmigrante indocumentada no debe ser tratada como si tuviera una presencia legal en los Estados Unidos, a menos que estén siendo procesados por un crimen o con fines humanitarios. Este proyecto de ley negará cualquier solicitud de permiso de trabajo o de suspensión de las deportaciones bajo la acción ejecutiva, así como revertirá cualquier otra protección en la orden. Revocar la discreción fiscal es extremadamente dañino y dejará a millones de inmigrantes indocumentados bajo el temor de la deportación y el riesgo de ser separados de sus familias. Legislación patrocinada por el representante Ted S. Yoho, [R-FL-3]; copatrocinada por 17 representantes.
La HR5774 - Ley de extranjería Ilegal de 2014: No hay Seguro Social ni Beneficios para Extranjeros Ilegales, enmendaría la Ley de Seguridad Social y prohibiría el acceso a los beneficios de seguridad social a los inmigrantes indocumentados elegibles para DACA o DAP a través de la reciente orden ejecutiva en materia de inmigración. Esto evitaría que la Administración del Seguro Social emita números de cuentas y la prestación de su servicio a las personas con ese derecho, si su permiso de trabajo en los Estados Unidos se concede a través de una orden ejecutiva. Niega cualquier crédito de la seguridad social obtenido legítimamente por los inmigrantes que están legalmente autorizados para trabajar en los Estados Unidos y que están pagando al sistema de seguridad social a través de las contribuciones de impuestos.
Este proyecto de ley es mal intencionado y niega injustamente, el acceso a los beneficios de un sistema al que los inmigrantes indocumentados están contribuyendo. Este proyecto de ley socava la autoridad constitucional del Presidente y muestra una falta de comprensión sobre las contribuciones positivas que brindan los inmigrantes a nuestro país. Esta legislación está patrocinada por el Rep. Sam Johnson [R-TX-3].
* Amanda Bachus es escritora independiente para UMCOM: [email protected]
